La Unidad de Proximidad Rural (UPR) de la Policía Local de Alicante abortó este lunes la instalación de una vivienda prefabricada de grandes dimensiones en la partida de La Cañada del Fenollar, clasificada como suelo no urbanizable especialmente protegido por afección de rambla, donde la normativa prohíbe este tipo de intervenciones.
La actuación se inició cuando una patrulla localizó una grúa de gran tonelaje que estaba procediendo a descargar un módulo habitacional. Los agentes advirtieron a los responsables de la operación de que, en el momento en que la estructura se desconectara y quedara asentada sobre el terreno, podría configurarse un presunto delito contra la ordenación del territorio recogido en el artículo 319 del Código Penal, con la posibilidad de detención inmediata de los intervinientes.
“La agilidad, el conocimiento exhaustivo de la normativa y la determinación operativa de nuestros agentes han sido determinantes para neutralizar un atentado contra el suelo protegido antes de que se consumara la alteración del territorio”, dijo el concejal de Seguridad Ciudadana, Julio Calero, tras la intervención, según informa Onda Cero.
Tras el apercibimiento policial, los promotores desistieron de completar la maniobra y organizaron la retirada urgente del módulo, que fue cargado de nuevo en un camión. La UPR mantuvo vigilancia en el lugar durante toda la tarde hasta confirmar la retirada definitiva de la maquinaria y del prefabricado.
Vigilancia y prevención en el entorno rural
El Ayuntamiento enmarca la intervención dentro del plan integral de vigilancia y protección del entorno rural, cuya finalidad, según la nota difundida por Onda Cero, es prevenir la parcelación ilegal, preservar la disciplina urbanística y salvaguardar el patrimonio natural. El operativo combina labores de inspección con presencia policial disuasoria para impedir implantaciones no autorizadas en terrenos protegidos.
- Lugar: partida La Cañada del Fenollar (Alicante).
- Actuación: paralización in extremis de la descarga e instalación de un módulo prefabricado.
- Fundamento jurídico indicado: posible delito contra la ordenación del territorio (art. 319 del Código Penal).
La intervención subraya la coordinación entre la UPR y los servicios municipales encargados de la protección del suelo rústico para evitar alteraciones que puedan afectar a ramblas, cursos de agua y espacios de valor ambiental. Según la información pública, los responsables del operativo procedieron a replegar la maquinaria sin que se produjeran detenciones.
