Declaración y alcance
El Consejo de Ministros ha declarado hoy como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil a 45 territorios de nueve comunidades autónomas, entre ellos la Marina Alta (Alicante), por los episodios adversos ocurridos entre el 13 de septiembre y el 20 de octubre de 2026. La resolución incluye los daños provocados por la depresión aislada en niveles altos conocida como DANA Adam, que afectó al litoral mediterráneo y a las Illes Balears entre el 17 y el 19 de octubre, con especial incidencia en La Safor (València) y la Marina Alta.
La declaración, firmada en la reunión del Ejecutivo, habilita a los distintos ministerios para poner en marcha líneas de ayuda destinadas a «compensar los perjuicios» sufridos por personas físicas, administraciones e instituciones, en aplicación del principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria respecto a las actuaciones autonómicas y locales.
- Período considerado: del 13 de septiembre al 20 de octubre de 2026.
- Ámbitos afectados: inundaciones, lluvias intensas, tormentas, incendios forestales y otros sucesos que activaron planes de protección civil.
- Consecuencias provisionales: balance inicial de siete víctimas mortales y daños materiales de consideración, cuya evaluación sigue en curso.
Según la comunicación del Consejo de Ministros, el episodio de mayor gravedad fue asociado a la DANA Adam, cuya violencia obligó a adoptar medidas de protección a la población y a movilizar servicios de emergencias y protección civil en las zonas más afectadas.
El acuerdo recoge que, además de la Marina Alta y La Safor, otras comunidades con territorios declarados son Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Illes Balears y la Región de Murcia. Entre los impactos citados figuran daños personales, en infraestructuras y en bienes privados y públicos, que justifican la intervención estatal junto a las administraciones autonómicas y locales.
La tramitación de las ayudas y sus cuantías depende ahora de los distintos departamentos ministeriales, que comprobarán los informes remitidos por las administraciones autonómicas y locales para valorar las compensaciones y medidas a aplicar.
