Irene Montero, candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, ha defendido este lunes en Elche un paquete de medidas para intervenir el mercado residencial y reducir el coste del alquiler. Entre sus propuestas figuran un nuevo gravamen para los inmuebles sin uso, la retirada de beneficios fiscales a los propietarios y la creación de un parque público de alquiler social.
Un recargo para los inmuebles sin uso
La dirigente ha explicado que el impuesto planteado para las viviendas vacías exigiría a sus propietarios pagar cuatro veces más por esos inmuebles. Montero ha vinculado la medida a las dificultades que, según ha señalado, encuentran millones de personas para acceder a un alquiler y a la existencia de 4 millones de viviendas vacías en España.
«No puede ser que en el país haya muchísimas personas con serias dificultades para encontrar alquiler y haya 4 millones de viviendas vacías».
La candidata ha presentado estas iniciativas antes de reunirse en Elche con colectivos relacionados con el derecho a la vivienda. Según ha indicado, forman parte del programa con el que Podemos concurre a las elecciones generales del 29 de noviembre.
Alquileres más bajos y más vivienda social
El plan incluye también una reducción del 40 % del precio de los alquileres y la incorporación al alquiler social de más de 650.000 viviendas que, en palabras de Montero, están en manos de fondos de inversión. La propuesta busca que esos inmuebles pasen a formar parte de un parque público estable, con rentas que puedan asumir los hogares.
- Vivienda vacía: impuesto de cuatro veces el importe actual.
- Alquiler: objetivo de rebajar los precios un 40 %.
- Parque social: más de 650.000 inmuebles de fondos de inversión.
- Pisos turísticos: prohibición en las zonas con mayor presión residencial.
Montero ha planteado asimismo prohibir los pisos turísticos en los territorios donde exista una elevada presión sobre la vivienda. La candidata ha defendido que el uso residencial tenga prioridad frente a la especulación inmobiliaria y turística.
Otra de las medidas anunciadas consiste en eliminar las bonificaciones fiscales aplicadas a los propietarios que alquilan sus viviendas. La dirigente de Podemos ha propuesto dirigir esos recursos a sanidad, educación y pensiones, al considerar que así se reforzarían los servicios públicos y se acabaría con el trato fiscal favorable a los rentistas.
Durante su comparecencia, Montero ha reivindicado un cambio económico y cultural y ha apelado al artículo 128 de la Constitución Española, que establece que la riqueza del país queda subordinada al interés general. Según ha sostenido, ese precepto permitiría al Estado intervenir en sectores estratégicos como la vivienda.