El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha identificado 3.120 anuncios de alojamientos turísticos que incumplen la normativa en la Comunitat Valenciana. Los anuncios, publicados en dos grandes plataformas de alquiler, carecen del número de licencia exigido o muestran identificaciones registrales falsas, según la información comunicada por el departamento que dirige Pablo Bustinduy.
El ministerio ha requerido a las plataformas que retiren esa publicidad. La actuación forma parte del refuerzo de los controles sobre los alojamientos turísticos anunciados por internet. En el conjunto de España, el departamento ha localizado más de 8.000 anuncios contrarios a la normativa, de los que el 37 % se concentra en la Comunitat Valenciana.
La mayoría, en una sola plataforma
La distribución de los anuncios detectados en la Comunitat es desigual. En una de las plataformas se localizan 3.084: 3.051 se ofrecen sin número de licencia y 33 incorporan un registro falso. En la segunda, el ministerio ha señalado 36 alojamientos, de los que 26 carecen de licencia y 10 utilizan una identificación registral incorrecta.
- 3.051 anuncios sin licencia en la primera plataforma.
- 33 con un número falso de registro en esa misma plataforma.
- 36 anuncios irregulares detectados en la segunda.
Según explicaron fuentes del ministerio a Levante-EMV, algunos de los anuncios con identificaciones falsas utilizan números de registro ya extinguidos. Además, esos registros corresponden a alquileres de habitaciones, aunque la oferta publicada presenta el inmueble turístico completo.
Registro autonómico y compatibilidad urbanística
En la Comunitat Valenciana, un piso turístico opera fuera de la legalidad si no figura inscrito en el Registro de Turismo autonómico o si no dispone de un informe municipal de compatibilidad urbanística favorable. El control administrativo contempla multas de entre 10.001 y 600.000 euros, de acuerdo con la normativa aplicable.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha reclamado a las administraciones municipales y autonómicas que actúen contra los alojamientos que se anuncian al margen de esos requisitos. La intervención se produce mientras las autoridades intensifican la supervisión de una oferta turística vinculada también al debate sobre el acceso a la vivienda en ciudades como València o Alicante.