El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado para obligar al Ayuntamiento de Sax a aplicar una serie concreta de medidas destinadas a frenar el deterioro de la Colonia de Santa Eulalia, el conjunto histórico situado entre Sax y Villena. La sentencia, fechada el 29 de octubre, se hizo pública este lunes a través de Acció Ecologista-Agró.
El fallo resuelve el procedimiento iniciado por un particular después de que el consistorio sajeño denegara las actuaciones de protección solicitadas para garantizar la conservación de este Bien de Interés Cultural (BIC). La resolución sostiene que los tribunales no pueden sustituir a la administración y ordenar una intervención determinada, aunque reconoce que el Ayuntamiento ya había adoptado algunas medidas.
“Corresponde a la administración que ha de tomar en consideración la propuesta y valorar si resultan adecuadas al caso para alcanzar la finalidad protectora que se persigue”.
Según recoge la sentencia, esas actuaciones municipales resultan insuficientes ante el estado de degradación y ruina que presenta el enclave. El Supremo considera, no obstante, que corresponde a la administración analizar qué medidas son más útiles y adecuadas para preservar los bienes protegidos, dentro de la obligación de proteger el patrimonio histórico.
Críticas y nuevos recursos
Acció Ecologista-Agró ha criticado la decisión judicial y ha advertido de sus efectos sobre otros espacios históricos protegidos. El colectivo sostiene que dejar la elección de las actuaciones en manos de las administraciones no garantiza por sí mismo la conservación de la colonia.
- La sentencia no impone al Ayuntamiento de Sax una actuación concreta.
- El Supremo admite que el consistorio había adoptado algunas medidas, pero las considera insuficientes ante el deterioro del conjunto.
- Acció Ecologista-Agró anuncia que recurrirá ante el Tribunal Constitucional.
La organización ecologista también ha señalado que acudirá a la Fiscalía si alguno de los bienes protegidos de la Colonia de Santa Eulalia llega a derrumbarse. El tribunal recuerda en su resolución que existe acción pública para defender el patrimonio histórico, pero precisa que esa vía no permite imponer a la administración una intervención específica.