La Guardia Civil ha desarticulado una trama dedicada a adquirir y distribuir combustible obtenido de forma fraudulenta en las provincias de Alicante y Valencia. La operación, denominada ‘Rezervor’, se ha saldado con 58 personas detenidas y otras nueve investigadas, según informó el instituto armado.
La investigación comenzó después de que se detectara un uso irregular de las tarjetas corporativas de repostaje de una empresa alicantina de transporte de viajeros. El volumen de operaciones llegó a rebasar el crédito asignado a esos medios de pago, una circunstancia que activó las alertas de la plataforma y provocó el bloqueo de las tarjetas.
Tarjetas sustraídas en un taller
Las pesquisas permitieron determinar que dos empleados de un taller de vehículos pesados, encargado del mantenimiento de una flota de autobuses, habrían sustraído 18 tarjetas. De ese conjunto, llegaron a utilizar nueve. Al principio, los implicados las emplearon para repostar en beneficio propio, pero después ampliaron la actividad y ofrecieron carburante a bajo precio a través de un anuncio encubierto en una plataforma de compraventa.
Las tarjetas fueron entregadas a otros participantes a cambio de dinero en efectivo y transferencias bancarias. El combustible se ofrecía aproximadamente a un euro por litro, de acuerdo con la información facilitada sobre la operación. La Guardia Civil atribuye a los arrestados posibles delitos de hurto, estafa, falsificación de medios de pago, receptación, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Convoyes nocturnos para repostar
La distribución se organizaba mediante grupos de conductores convocados con aplicaciones de mensajería instantánea. Los participantes se reunían habitualmente por la noche o poco antes del cierre de las estaciones de servicio, en las inmediaciones de instalaciones situadas en Torrevieja y Torrent.
- 58 detenidos y nueve investigados.
- 18 tarjetas sustraídas, de las que se utilizaron nueve.
- Un perjuicio económico superior a 58.000 euros.
El entramado habría causado a la empresa afectada un perjuicio de más de 58.000 euros. La actuación policial se inició tras la anomalía detectada en la facturación y permitió reconstruir el recorrido de las tarjetas desde su sustracción hasta su utilización para la venta ilegal de carburante.