El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no se pronunciará sobre la prórroga de la central nuclear de Almaraz el 24 de junio como estaba previsto, sino el 1 de julio de 2025. La razón del retraso de una semana es la convocatoria de una comisión de evaluación previa en la que los técnicos del organismo explicarán a los cinco consejeros todos los detalles del análisis antes de que estos voten si lo ratifican o no, según informó La Vanguardia.
Un informe listo, pero con un paso intermedio
Los servicios técnicos del CSN completaron el informe siete meses después de que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico encargase la evaluación. El documento analiza si Almaraz cumple las condiciones para extender su vida útil hasta 2030. Sin embargo, fuentes conocedoras del proceso explicaron que "dada la complejidad y el alcance del tema se ha modificado la planificación y se ha convocado una Comisión de Seguridad para que los técnicos lo expliquen".
El objetivo de esa comisión es que los cinco miembros del pleno dispongan de información técnica suficiente antes de adoptar una decisión que, según las propias empresas propietarias, condiciona el futuro del conjunto del parque nuclear español y, por extensión, la seguridad de suministro eléctrico del país.
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Las eléctricas, confiadas en un dictamen favorable
Endesa e Iberdrola, copropietarias de Almaraz, confían en que el informe técnico sea favorable a la ampliación. El director general nuclear de Endesa, Gonzalo Carbó, afirmó el pasado 19 de junio en el Foro Económico y Social del Mediterráneo celebrado en Barcelona que la planta cumple las tres condiciones fijadas por el sector: no repercutir coste adicional al ciudadano, no gravar los impuestos y garantizar la seguridad de suministro.
Por su parte, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz Tagle, señaló en el mismo foro que lo más probable es que el CSN exija a los propietarios "hacer unas inversiones que entendemos razonables y en un plazo en donde podremos amortizar esas inversiones". En mayo de 2025, Almaraz concluyó la recarga de su unidad I, una operación de 50 millones de euros que incluyó más de 13.000 trabajos y 15 modificaciones tecnológicas, entre ellas la revisión completa del estátor del alternador principal, lo que garantiza, según la empresa, la fiabilidad de la instalación durante al menos 20 años más.
División en el pleno y un procedimiento con plazos ajustados
El voto no se presupone unánime. El consejero Javier Dies, propuesto por el PP, votaría a favor de la prórroga. El consejero Francisco Miguel Castejón, propuesto por Podemos, estaría en contra. La decisión final dependerá del presidente, Juan Carlos Lentijo, y de las vicepresidentas Pilar Lucio y Silvia Calzón, ambas nombradas a propuesta del PSOE.
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El informe del CSN es prescriptivo pero solo vinculante si fuera negativo: si los técnicos concluyen que la planta no reúne las garantías de seguridad, el cierre sería ineludible. Un dictamen favorable, en cambio, no obliga al Gobierno, aunque "no es habitual votar en contra de lo apuntado por los informes técnicos", según fuentes conocedoras del organismo.
Una vez el pleno se pronuncie, el ministerio que dirige Sara Aagesen tendrá un plazo máximo de dos meses para decidir si autoriza el funcionamiento de Almaraz hasta 2030. La postura oficial del Ejecutivo sigue siendo el cierre ordenado del parque nuclear conforme al calendario del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que escalone los cierres entre 2027 y 2035. El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrinas, pidió públicamente el pasado miércoles que el Gobierno otorgue un "sí inmediato" en cuanto se conozca el resultado del informe, anticipando así que espera un dictamen favorable.
La decisión sobre Almaraz se produce en un contexto energético en el que la volatilidad en los mercados de combustibles fósiles refuerza el debate sobre la dependencia exterior y la soberanía energética de España. El 1 de julio, fecha en que el pleno del CSN está convocado, marcará el inicio formal del reloj administrativo de dos meses que tiene el Gobierno para pronunciarse.
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