Diez personas deberán comparecer ante la Justicia por su actuación durante un desahucio ejecutado en Alicante. Entre ellas figuran nueve integrantes de los sindicatos de vivienda de Carolinas y la Zona Norte y Manolo Copé, portavoz municipal de EU-Podemos. Todos están citados como investigados por un presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.
La comparecencia será en diciembre
La causa se refiere al desalojo de una pareja mayor de 65 años que, según los colectivos, se encontraba en situación de vulnerabilidad y no disponía de una alternativa habitacional. La actuación policial y judicial tuvo lugar el 16 de julio de 2025, en el barrio alicantino de Nou Alacant. Las personas investigadas tendrán que acudir a declarar el 17 de diciembre.
El procedimiento se inició a raíz de la denuncia presentada por un agente de la Policía Nacional y se tramita en la sección de instrucción número 8 del Tribunal de Instancia de Alicante. La citación recoge un posible delito de resistencia o desobediencia frente a agentes de la autoridad, personal de seguridad privada o funcionarios.
- Investigados: nueve miembros de colectivos de vivienda y un representante municipal.
- Fecha del desahucio: 16 de julio de 2025.
- Próxima actuación judicial: comparecencia prevista para el 17 de diciembre.
Los colectivos defienden el carácter de la protesta
Los sindicatos de vivienda han cuestionado que su intervención pueda tener consecuencias penales. Sostienen que acudieron para acompañar a una familia sin alternativa residencial y que la movilización estaba amparada por los derechos de expresión y protesta. También consideran que las citaciones representan una presión sobre la actividad de los movimientos sociales.
«La solidaridad no puede tratarse como si fuera un delito»
Copé ha asegurado que la concentración fue pacífica y ha rechazado que sus participantes tuvieran como objetivo enfrentarse a los agentes. El portavoz municipal de EU-Podemos también ha reclamado explicaciones a la Subdelegación del Gobierno en Alicante sobre las medidas adoptadas para esclarecer la actuación policial que los manifestantes calificaron de desproporcionada. La investigación judicial continúa abierta y las personas citadas mantienen la condición de investigadas.
