España aprobó 719 normas estatales y 175 autonómicas en 2024, según el informe anual de la CEOE, lo que equivale a más de dos normas cada día del año. Pese a ese volumen, el país ocupa el puesto 23 de 27 en el Índice de Calidad Regulatoria que elabora el Foro Regulación Inteligente, con una puntuación de 32 puntos sobre 100. Solo Rumanía, Chipre, Croacia y Grecia quedan por detrás.
Un ranking europeo que deja a España en la cola
El índice toma en cuenta los 27 estados miembros de la Unión Europea y analiza tres grandes variables: la carga que la regulación impone a empresas y trabajadores, la calidad con la que se diseñan las normas y la seguridad jurídica con la que se aplican. El diagnóstico del Foro es directo: «España regula mucho y regula mal».
La distancia con el primer clasificado, Dinamarca (92,9 puntos), supera los 60 puntos. La brecha con Francia (55,2) y Alemania (54,4) ronda los 23 puntos. Incluso países habitualmente citados como ejemplos de burocracia excesiva quedan por encima: Bulgaria (34,8), Polonia (35,3), Portugal (36,9), Malta (37,5) e Italia (39).
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| País | Puntuación (sobre 100) | Posición UE |
|---|---|---|
| Dinamarca | 92,9 | 1 |
| Francia | 55,2 | Media-alta |
| Alemania | 54,4 | Media-alta |
| Italia | 39,0 | 19 |
| Portugal | 36,9 | 20 |
| España | 32,0 | 23 |
| Grecia | Por debajo de España | 24-27 |
En el índice de calidad regulatoria del Banco Mundial, España cayó del puesto 15 al 20 de la UE entre 2021 y 2024. En la OCDE, la imagen es todavía más desfavorable: España ocupa el puesto 31 de 38, solo por delante de Costa Rica, Grecia, Eslovaquia, Hungría, Colombia, México y Turquía.
El coste real para empresas y empleo
El peso de la deuda pública no es el único lastre estructural que frena la competitividad española. La sobrecarga normativa tiene un coste medible en empleo. El Banco de España estimó que un aumento del 10% en el volumen regulatorio reduce un 0,5% el empleo en empresas de menos de diez trabajadores, precisamente las que menor capacidad tienen para absorber los costes de cumplimiento.
Las propias empresas lo perciben así: el 81% de las compañías españolas señala la regulación empresarial como un obstáculo para invertir, y el 79% identifica la normativa laboral como barrera. Esas cifras contrastan con las medias europeas: 69% y 65%, respectivamente, según el Foro Regulación Inteligente a partir de datos del Global Competitiveness Index (GCI) del Banco Mundial y la Universidad de Virginia.
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La complejidad normativa también frena la entrada de nuevas empresas y lastra el dinamismo de sectores como la industria, según el mismo estudio del Banco de España. El informe de la CEOE añade que los boletines oficiales publicaron 3.557 páginas al día en 2024, el equivalente a leer tres veces el Quijote completo cada jornada.
Decretos-ley y lentitud judicial agravan el problema
Casi la mitad de las normas con rango de ley aprobadas en 2024, en concreto el 46%, fueron decretos-ley. Se trata de un instrumento pensado constitucionalmente para situaciones de urgente necesidad que, según la CEOE, se ha convertido en la vía ordinaria de legislar, eludiendo así la deliberación parlamentaria y la evaluación previa de impacto normativo.
A ello se suma la lentitud judicial. Resolver un pleito civil o mercantil en primera instancia requiere en España 444 días, frente a los 120 de Lituania. Solo cuatro países europeos registran plazos más largos. El Foro Regulación Inteligente lo describe sin rodeos: «La lentitud judicial es, en la práctica, un impuesto sobre el cumplimiento de los contratos».
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Para una empresa, ese plazo de un año y tres meses significa capital inmovilizado, contratos en el aire y un incentivo permanente para que la parte incumplidora retrase el pago.
Las reformas propuestas y el caso de Madrid
El Foro Regulación Inteligente propone cinco líneas de actuación concretas para reducir la sobrecarga normativa:
- Poda de obligaciones innecesarias ya en vigor.
- Cumplimiento efectivo de plazos administrativos, con menos requisitos y silencio positivo real.
- Compensación de nuevas cargas: cada norma que añade obligaciones debe eliminar otras equivalentes.
- Normas con evaluación periódica y fecha de caducidad automática.
- Leyes autonómicas de mercado abierto que reconozcan a empresas establecidas en otra región el derecho a operar sin exigir nuevas licencias.
La Comunidad de Madrid es citada como referencia en este último punto. En 2022 aprobó su Ley de Mercado Abierto, que permite a empresas y autónomos de cualquier punto de España operar en la región sin solicitar nueva licencia de actividad. El debate sobre qué modelos de reforma funcionan sigue abierto entre los economistas, con posiciones divergentes sobre el ritmo y el alcance de la desregulación.
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Desde 1979, según el Foro, se han aprobado en España más de 411.000 normas. El reto no es solo frenar la producción legislativa, sino mejorar su calidad: el indicador de eficacia del Gobierno, que mide la calidad de los servicios públicos y de la función pública, es el único en el que España se sitúa en la mitad alta de la tabla europea, en el puesto 12.
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