Medidas disciplinarias y protocolos para proteger al profesorado
El Decreto 193/2025, que regula la convivencia en el sistema educativo de la Comunitat Valenciana, incluye protocolos específicos para intervenir cuando las conductas hostiles contra el profesorado se producen dentro o fuera del centro, también en entornos digitales. La norma tipifica como faltas graves las agresiones, amenazas, injurias u ofensas al profesorado en el ejercicio de sus funciones y contempla el acoso y el ciberacoso entre las conductas sancionables, según publica Levante-EMV.
La Conselleria de Educación, que dirige Carmen Ortí, subraya que el Consell «fue pionero en regular este tipo de agresiones al profesorado» y defiende que el decreto permite actuar frente a campañas de difamación en redes, difusión no autorizada de imágenes y agresiones vinculadas a lo ocurrido en las aulas, incluso si se producen fuera del recinto escolar.
«Este Consell fue pionero en regular este tipo de agresiones al profesorado», dijo la Conselleria de Educación, en la valoración recogida por Levante-EMV.
El catálogo de sanciones que contempla el decreto abarca un abanico que va desde medidas reparadoras y tareas educativas fuera del horario lectivo hasta consecuencias más drásticas, como cambios de grupo o de centro. En los casos calificados como graves se puede abrir un expediente disciplinario.
Los sindicatos han reclamado medidas más enérgicas y que los servicios jurídicos de la Conselleria estén a disposición del profesorado afectado; UGT, en concreto, pide «medidas ejemplarizantes» para las situaciones de humillación o señalamiento a docentes que han ganado visibilidad en los últimos meses con la aparición de cuentas anónimas y memes que ridiculizan a miembros de la comunidad educativa.
- Conductas sancionables: agresiones, amenazas, injurias, acoso y difusión no autorizada de contenidos.
- Ámbito de actuación: dentro del centro y en entornos digitales o situaciones externas vinculadas a la vida escolar.
- Medidas previstas: desde tareas reparadoras hasta cambios de centro y expedientes disciplinarios en faltas graves.
El decreto, aprobado en 2025, busca dar herramientas a los centros y a la administración para proteger el derecho a la docencia en condiciones de seguridad y respeto, y para ofrecer vías de respuesta cuando la actuación del alumnado o terceros traspase los límites del respeto a la integridad personal y profesional del profesorado.
