La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) sigue tramitando órdenes de desahucio y subastas de viviendas públicas, pese a que los ministerios de Vivienda y de Seguridad Social se comprometieron, tras una acción de protesta del Sindicato de Inquilinas de Madrid, a paralizar esas actuaciones. La subdirectora del organismo ha confirmado por escrito a los afectados que «no se ha operado ninguna actuación administrativa que altere el contenido ni la eficacia de los actos administrativos válidamente dictados», lo que equivale a certificar que el acuerdo alcanzado con los ministerios no tiene efecto jurídico.
Qué prometieron los ministerios y qué ocurrió después
Tras un encierro en la sede de la TGSS, representantes del Sindicato de Inquilinas y vecinas afectadas se reunieron con los equipos de la ministra de Inclusión, Elma Saiz, y de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. El resultado anunciado públicamente fue doble: fin de las subastas de vivienda pública por parte de la TGSS y cesión de al menos 800 viviendas vacías al parque público a través de Casa47, la sociedad estatal de alquiler asequible, con contratos estables y rentas reducidas.
El Sindicato de Inquilinas señala que ese compromiso se difundió en medios de comunicación y ante la sociedad civil, pero que nunca se tradujo en ninguna instrucción administrativa real. No es un caso aislado: la presidenta de Casa47, Leyre Iglesias, ya había garantizado en marzo de 2026 que no se subastaría más vivienda pública, según denuncia la misma organización, y esa promesa tampoco se cumplió.
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«Nos sentimos estafados», denuncia el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que asegura que las cartas enviadas por la subdirectora de la TGSS confirman que los desahucios y las subastas continúan «mientras la vivienda permanezca bajo su ámbito de gestión».
Qué inmuebles están en juego y a quién llegan las subastas
El patrimonio residencial de la TGSS incluye inmuebles distribuidos por distintas comunidades autónomas, muchos de ellos ocupados por familias con contratos de alquiler de larga duración. Las viviendas que se han ido subastando han terminado, según la denuncia del Sindicato, en manos de fondos de inversión, grandes tenedores y, en algún caso documentado, en el del arquitecto imputado en la trama Gürtel. Ese destino contrasta directamente con el objetivo declarado del Gobierno de ampliar el parque público de alquiler asequible, un contexto que también ilustra por qué el esfuerzo económico para acceder a una vivienda sigue aumentando pese a la mejora salarial.
El mecanismo legal que usa la TGSS para mantener las subastas es el de la gestión ordinaria de su patrimonio: al no existir una instrucción ministerial vinculante ni una modificación normativa, la subdirección del organismo aplica los actos administrativos ya dictados. En la práctica, esto significa que un acuerdo político verbal (o comunicado de prensa) no suspende un expediente de desahucio ya iniciado.
Qué pueden hacer los inquilinos afectados
Los vecinos que reciben una notificación de recuperación de vivienda por parte de la TGSS se enfrentan a un procedimiento administrativo, no a un desahucio civil ordinario. Esto implica plazos y vías de recurso distintos a los de un arrendamiento privado. Ante una notificación de este tipo, los pasos inmediatos son:
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- Solicitar copia íntegra del expediente administrativo en la propia TGSS (derecho reconocido en el artículo 53 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común).
- Presentar alegaciones o recurso de alzada en el plazo de un mes desde la notificación, argumentando la existencia de compromisos institucionales que generaron expectativas legítimas.
- Contactar con el Sindicato de Inquilinas u otra organización de defensa del inquilino para coordinar la respuesta colectiva, que históricamente ha resultado más eficaz que las acciones individuales.
- Consultar con un abogado especializado en derecho administrativo, ya que los plazos son estrictos y su incumplimiento cierra las vías de recurso.
El Sindicato de Inquilinas ha anunciado que resistirá «cualquier intento de desahucio, tanto en vía administrativa como los que llegan por vía judicial». La organización enmarca esta situación en una tendencia más amplia: la privatización progresiva del parque público mientras el Gobierno mantiene un discurso centrado en el derecho a la vivienda.
El debate sobre la vivienda pública se cruza con el de la accesibilidad económica general: según datos del INE, el precio del alquiler libre acumula subidas muy superiores al crecimiento salarial en las principales ciudades españolas, un desequilibrio que convierte cada vivienda social perdida en un impacto directo sobre la renta disponible de las familias con menos recursos.
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