Hasta 64.000 millones de euros: ese es el coste que tendría retirar y sustituir los equipos de Huawei y ZTE de las redes de telecomunicaciones de la Unión Europea, según un informe publicado por la GSMA (la patronal mundial del sector de la telefonía móvil) a partir de los datos aportados por siete de los mayores operadores europeos, entre ellos Telefónica, Vodafone y Orange. La cifra triplica, o incluso cuadruplica, los 17.000 a 21.500 millones de euros que manejaba la Comisión Europea en sus propios cálculos.
Por qué el coste real triplica la estimación de Bruselas
El desfase entre ambas estimaciones tiene una explicación concreta según la GSMA: Bruselas centró su análisis casi exclusivamente en las redes móviles e ignoró la penetración de la tecnología china en otras capas críticas de la infraestructura de telecomunicaciones. Cuando se incorporan las redes fijas, las redes de transporte y la renovación de la banda ancha, el coste directo de sustitución se sitúa ya entre los 30.000 y los 40.000 millones de euros, de tres a cuatro veces la estimación oficial. El resto, hasta ese máximo de 64.000 millones, corresponde al impacto adicional sobre el transporte de datos y la modernización de la banda ancha fija.
El detonante de este debate es la propuesta CSA2 (revisión de la Ley de Ciberseguridad europea), presentada por la Comisión en enero de 2025. La norma convierte en obligación vinculante lo que hasta ahora era una recomendación: fija un calendario con plazos firmes para todo el bloque que obliga a excluir a los proveedores clasificados como de alto riesgo del núcleo y del acceso de las redes 5G.
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| Concepto | Estimación Comisión Europea | Estimación GSMA |
|---|---|---|
| Coste total de sustitución | 17.000-21.500 millones € | hasta 64.000 millones € |
| Coste directo (móvil, fija, transporte) | No desglosado | 30.000-40.000 millones € |
| Cuota de mercado Huawei en Europa | ~25 % | ~25 % |
| Cuota de mercado ZTE en Europa | ~7 % | ~7 % |
Huawei controla el 25% del mercado: quién gana y quién pierde
Aunque la Comisión Europea no ha publicado una lista oficial de proveedores vetados, ya concluyó en 2023 que Huawei y ZTE suponen un riesgo sustancialmente mayor que el resto de fabricantes de equipos de red. Actualmente, Huawei concentra en torno al 25 % del mercado europeo de equipos de red móvil y ZTE un 7 %. Si ambos son excluidos, esas cuotas pasarían a manos principalmente de los fabricantes europeos Nokia y Ericsson, que son los únicos competidores de escala global fuera del ecosistema chino.
El impacto no es neutro para España. Telefónica, con presencia en varios mercados europeos y una infraestructura de red extensa, figura entre los operadores que han aportado datos al estudio de la GSMA. El país, que se ha consolidado como uno de los principales polos de infraestructura digital del continente (con más de 760 centros de datos y 66.900 millones de euros en inversión comprometida), vería encarecido el proceso de renovación tecnológica si la norma CSA2 se aprueba en los términos propuestos.
El freno al 5G y la respuesta política de Alemania
Los operadores advierten de que difícilmente podrán repercutir ese sobrecoste en las tarifas de los usuarios, por lo que la reacción más probable sería recortar o aplazar inversiones. El efecto directo sería un frenazo en el despliegue del 5G y en la planificación del 6G, precisamente en un momento en que la UE busca cerrar la brecha tecnológica con Estados Unidos y China.
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Pese a las objeciones del sector, el impulso político no da señales de moderarse. Alemania ya ha anunciado la exclusión de Huawei y ZTE no solo de sus redes actuales, sino también de sus futuras redes 6G, una decisión que marca la dirección hacia la que apunta el conjunto del bloque europeo. La industria farmacéutica ya anticipó un dilema similar cuando alertó de que la prohibición de los PFAS destruiría 53.000 empleos en Europa: el patrón se repite cuando la regulación choca con los costes del sector privado.
El siguiente paso legislativo es la aprobación de la CSA2 por el Parlamento Europeo y el Consejo. Los plazos de exclusión vinculantes que fije esa norma determinarán si los operadores disponen de margen suficiente para amortizar la transición o si se verán obligados a absorber pérdidas cuantiosas en un horizonte muy corto.
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